El crowdfunding, herido de muerte en la provincia de Alicante

El Gobierno limita el conocido sistema de financiación por Internet que ha impulsado, pese a la crisis, miles de proyectos culturales (muchos de ellos de la provincia de Alicante). Con el micromecenazgo, se han rodado películas e incluso publicado discos y libros

Publicado en Información el 9 de marzo del 2014

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Las nuevas tecnologías vuelven a estar un paso por delante de los políticos, y tanto es así que el Gobierno se ha apresurado a reformar un sistema de financiación revolucionario en Internet que ha impulsado miles de proyectos culturales en los últimos años, cuando la crisis azotaba con especial virulencia en España.

El «crowdfunding» o micromecenazgo, que así se llama el invento, es un medio con el que el usuario puede dar con la recaudación económica necesaria para su idea y trabajo, de carácter cultural, social o el que sea, tras la aportación de distintos inversores interesados (pueden ser miles) que reciben una pequeña recompensa a cambio (ya sea, por ejemplo, la presentación al estreno de una película; o un ejemplar del libro en el que han colaborado con su dinero). Un método que, a simple vista, resulta fácil y sencillo, sin papeleo ni burocracia de ningún tipo, en el que cualquier empresa u emprendedor podían registrarse y llevarlo a cabo en las múltiples plataformas que ya operan con este sistema en España (vaya como ejemplo Lánzanos o Venkami).

De hecho, el panorama cultural de los últimos años ha logrado sobreponerse a los recortes y los tijeretazos presupuestarios en materia original y creativa gracias en buena medida al «crowdfunding», que ha movido por cierto cifras impresionantes, ya que solo en el 2013 fueron cerca de 750 millones de euros anuales en Europa, según Infocrowdsourcing. Además, en este mismo portal, se informa que en todo el mundo se alcanzó el importe de 2.700 millones de dólares, y de ellos, 13 millones de dólares, casi 10 millones de euros, fueron destinados a proyectos radicados en España.

Así pues, el «crowdfunding» tal y como lo conocíamos hasta hoy, está herido de muerte ante las limitaciones que ultima el Gobierno en su anteproyecto de ley y que inciden principalmente en los siguientes puntos: el primero, el papeleo y burocracia que exigen a plataformas y usuarios, que extinguen de un plumazo la libertad del micromecenazgo; y segundo, control del dinero por medio de una tasa máxima de 3.000 euros por inversor, y 6.000 por plataforma al año (lo que reduce y, mucho, el margen de maniobra).

¿Y qué hay y qué dicen los verdaderos protagonistas del «crowdfunding», que han visto cumplidos sus sueños por medio de este sistema de micromecenazgo? La mayoría de voces consultadas se muestran muy discrepantes con las medidas anunciadas por el Gobierno, especialmente porque «frenan» el emprendurismo cultural. Versión que comparte el equipo de El Cosmonauta (con la alicantina Carola Rodríguez, entre ellos), verdadero referente del «crowdfunding» en España, y que alcanzó una recaudación récord de 400.000 euros involucrando a más de 5.000 personas.

Cifras, todo sea dicho, excepcionales en un sistema que también ha contribuido y ayudado a otros muchos proyectos de la provincia, como el de Operaciones Espesiales, del ilicitano Paco Soto, y que llegó a cerca de 60.000 euros. «Para nosotros fue una experiencia totalmente positiva, aunque sí es cierto que estas limitaciones las veo como una traba más», asegura Soto, quien agrega: «Espero que el Gobierno no llegue a buen puerto con ello, aunque me da la sensación que esto lo hacen para regular el dinero. Y el dinero hay que regularlo, por supuesto, pero no con todas estas limitaciones que nos van a poner en el “crowdfunding”».

El cineasta afincado en Alicante, Maxi Velloso, que coordinó la película El amor y otras desgracias, con financiación también vía «crowdfunding», va un poco más allá y señala «ahora lo han complicado todo al pedir un aval a las plataformas de hasta 50.000 euros, además de otras cosas que no solo va en detrimento de la plataforma, sino de los mismos inversores». Y reflexiona: «Esto va a originar nuevas formas de “crowdfunding”, como que todo se opere desde un grupo privado y secreto de Facebook, donde la gente se va sumando y acepta o no invertir dinero», y añade que, desde ahora, «lo que haremos es irnos a otras plataformas de Argentina, Francia, Inglaterra o donde sea, pero no en España». Velloso, que está en fase de postproducción de su nueva película, en cooperación con otros cineastas, titulada Los muertos también bailan, cree que el Gobierno no puede meterse en el «terreno privado» del micromecenazgo. «Es como si alquilo mi casa y viene el Gobierno a decirme porqué la alquilo. Es un despropósito», sentencia.

El alicantino Fernando Corta, director de Princesa rota, que arrancó como una web-serie que se alimentó también del «crowdfunding», no entiende cómo el Gobierno presenta restricciones y «cierra el grifo» al micromecenazgo sin presentar otras alternativas. Por ese motivo, pide celeridad para la Ley del Mecenazgo, con la que las empresas puedan invertir en cine, en cultura, a cambio de importantes rebajas fiscales.

En este sentido, J. T. Prewitt, de la banda alicantina Oh Libia! (con dos discos en el mercado también por «crowdfunding», y fichados por Ken Stringfellow -teclista de REM e icono del rock alternativo-), apunta que el sistema «debe estar sin duda legislado porque de alguna manera se tiene que proteger a todas las partes. A partir de ahí, me parece que a los políticos en este asunto les pasa como con el de la Ley de Propiedad Intelectual, que van muy por detrás de la realidad. Además, es algo que no va a afectar a los proyectos pequeños, centrándose en los grandes y, en todo caso, las plataformas. Más allá de eso, creo que lo que de verdad hace falta es apoyar a los emprendedores y poner menos obstáculos a aquellos que intentan salir adelante y sacar a flote ideas y proyectos, ya sean autónomos o pequeñas empresas, porque es escandalosa la diferencia en esto con respecto a países de la propia Unión Europea».

Finalmente, la alicantina Carmen Juan Romero, coautora del poemario [Po-co], con Anna Roig, y que vio la luz por el micromecenazgo, opina que las limitaciones impuestas por el Gobierno son «ridículas». «Gran parte de los proyectos que conocemos hasta ahora los superan por mucho, y son buenos proyectos, muy interesantes y que han salido adelante. Todos sabemos que con 3000 euros no se puede llegar muy lejos. Esta decisión por parte del Gobierno no sólo limita, sino que hace que muchas propuestas de nuevos artistas o emprendedores sean sencillamente impensables», y creen que estas medidas llegan porque el Gobierno «no estaba obteniendo beneficios de este método de financiación». «El porcentaje que reciben los bancos es pequeño, y en algunos casos los proyectos están exentos de impuestos. Se han dado cuenta de que se está produciendo sin pasar por su aro y han decidido tomar medidas. También hemos de recordar la minúscula importancia que da este Gobierno a la cultura. No les conviene que podamos crear ignorando las barreras impuestas», concluyen.

RESTRICCIONES: MUCHO PAPELEO, Y POCO DINERO

El borrador del anteproyecto que está sobre la mesa del Gobierno establece que el importe máximo de captación de fondos por cada proyecto de financiación participativa no podrá ser superior a 1 millón de euros. Además, las nuevas plataformas deberán tener un capital social igual o superior a 50.000 euros o, en su defecto, disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000 euros anuales. Las plataformas de financiación participativa deberán registrarse en la CNMV y en el Banco de España. Las plataformas de financiación participativa serán responsables frente a los inversores por la información remitida por los promotores y publicada en la página web. El ministerio de Economía establece límites a las aportaciones de los proyectos de manera que ningún inversor pueda invertir más de 3.000 euros en el mismo programa o más de 6.000 euros en varios programas a lo largo de un periodo de 12 meses. La ley de Financiación fija también un régimen de sanciones por incumplimiento de las obligaciones, con multas que oscilan desde un mínimo de 25.000 euros hasta un máximo de 200.000 euros.

Author: JuanjoPaya

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